El régimen cubano anunció una apertura económica de alto impacto al permitir, por primera vez, que cubanos residentes en el exterior sin residencia efectiva en la isla puedan invertir y ser propietarios en empresas privadas dentro del país, asociarse con actores económicos cubanos y abrir cuentas bancarias en divisas en bancos nacionales. Incluso reportes internacionales remarcan que el gobierno busca captar recursos de una diáspora que supera ampliamente el millón de personas emigradas desde 2021, pero sin ofrecer todavía garantías plenas sobre seguridad jurídica, repatriación de utilidades o cambios institucionales de fondo. En términos políticos, la decisión también implica una admisión silenciosa del fracaso del modelo cerrado que La Habana defendió durante décadas. Y aunque todavía es prematuro medir si esa apertura se convertirá en una verdadera mutación del sistema o en una válvula transitoria de emergencia, el mensaje es claro: la dictadura cubana se vio obligada a buscar en el exilio el capital que su propio modelo fue incapaz de generar. En ese marco, la apertura al exilio aparece menos como una convicción ideológica que como una maniobra de supervivencia del régimen para atraer capital fresco hacia sectores como agricultura, infraestructura, turismo y finanzas. La comparación con la perestroika soviética surge precisamente de esa combinación de apertura económica limitada y preservación del control político. En los últimos días, la isla volvió a sufrir un colapso nacional del sistema eléctrico que afectó a millones de personas, mientras el gobierno intenta recomponer el servicio en medio de una presión cada vez mayor de Estados Unidos sobre los flujos de petróleo hacia el país. El castrismo resolvió abrir una compuerta que durante años mantuvo clausurada por razones ideológicas. Sin embargo, el alcance real de la reforma todavía enfrenta límites severos: las sanciones estadounidenses siguen dificultando operaciones con Cuba, y analistas citados por la prensa internacional advirtieron que sin reformas más profundas y garantías claras para los inversores, el nuevo esquema podría quedarse en una apertura parcial, útil para ganar tiempo, pero insuficiente para revertir el colapso estructural de la isla. La señal política, de todos modos, ya está dada. También se habilita que abran cuentas en moneda extranjera y participen en servicios financieros, en una decisión que amplía de manera inédita el margen para el capital proveniente del exterior. La batería de medidas fue presentada oficialmente por el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fragay y marca uno de los giros más significativos del castrismo hacia su diáspora, históricamente tratada durante décadas como un actor político hostil. Lo hizo en medio de apagones, escasez, presión externa y negociaciones exploratorias con Washington.
