Diez ciudadanos panameños detenidos en La Habana se han convertido en el centro de una disputa diplomática entre Panamá y Cuba. El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, visitó Cuba como parte de su agenda para reunirse con los detenidos. Según fuentes diplomáticas, Cuba prometió estudiar el caso con seriedad. La solución ideal para Panamá sería la expulsión y deportación de sus ciudadanos. Por ahora, los panameños permanecen en la prisión de Villa Marista, donde dicen arrepentirse. Nadie puede explicar bien qué fueron a hacer realmente a Cuba, ni cuándo volverán a casa. El caso sigue siendo una incógnita. Se ha confirmado que reciben asistencia médica, alimentación y que se respetan todos sus derechos procesales y humanos. Los propios detenidos confesaron a las autoridades cubanas que fueron contratados para llevar ayuda y para colocar algunos anuncios, pero no parecieron darle trascendencia a ese acto. Fuentes oficiales describen a los detenidos como personas sin una visión clara del momento político en Cuba y del rol que podían desempeñar. La prisión de Villa Marista, en La Habana, es históricamente conocida por albergar a presos políticos a cargo de la seguridad del estado cubano. El contexto en el que operaron los panameños es de extrema sensibilidad: Cuba atraviesa una crisis aguda, y cualquier actividad que pueda interpretarse como disidencia es reprimida con dureza. El Ministerio del Interior de Cuba informó el 2 de marzo del arresto de los 10 panameños por supuestos actos subversivos. Podrían enfrentar penas de cuatro a ocho años de cárcel. Sin embargo, el retrato de los detenidos no es el de activistas políticos, sino de personas sin una agenda política definida. Durante su visita, el canciller panameño fue recibido por el presidente cubano, Díaz-Canel, lo que sugiere que ambos países buscan resolver el caso mediante el diálogo.
